OBJETIVOS DE LA DICTADURA

OBJETIVOS DE LA DICTADURA -Glasy Pereira-

de Glasy Pereira, el Domingo, 13 de febrero de 2011 a las 23:53

La derecha local y sus socios internacionales, durante la dictadura, desindustrializaron al país, lo endeudaron y promovieron la fuga de capitales al exterior. Quienes pretendieron oponerse a dicha estrategia fueron eliminados sin ningún tipo de miramientos.
Esto parece algo original pero ya lleva 200 años.
Se circunscribe a quién decide cómo se reparten las rentas; qué sector predomina en la economía y qué sectores se le subordinan. El Banco Central fue la llave maestra en la financiarización de la renta agraria, el endeudamiento externo y la fuga de capitales, fenómenos que afectaron al país desde 1976 hasta la crisis de 2001.
A principios de los años 70 del siglo pasado, el presidente Richard Nixon determinó la inconvertibilidad del dólar y su país abandonó el patrón oro. Esa decisión hizo que la emisión de moneda empezara a independizarse relativamente de los gobiernos y a aproximarse a los intereses de la gran banca. Dicho de otro modo, la influencia de la gran banca sobre la Casa Blanca fue en aumento.
En los años 80 las desregulaciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher liberaron el camino para que las entidades financieras se manejaran sin mayores controles, lo que posibilitó la obtención de rentas financieras en gran escala, con independencia de la evolución de la renta industrial. A caballo de las desregulaciones y la tecnología de las comunicaciones se produjo la paulatina globalización de los mercados, en primer término los financieros, que en pocos años se convirtieron en una gigantesca bolsa global on line. El proceso se completó durante los gobiernos de George Bush (padre) y William Clinton.
La dictadura militar, en Argentina, decretó en febrero de 1977 una nueva Ley de Entidades Financieras que aún rige la actividad y constituye una de las mayores deudas de la democracia con la sociedad, en particular de los partidos políticos con representación parlamentaria. Entre otras cosas, esa ley acentuó la independencia del BCRA y embistió contra la banca cooperativa y la pequeña y mediana industria (“Pymes”), aunque en rigor este ataque ya había empezado en 1966, con la dictadura del general Juan Carlos Onganía.
Así se allanó el camino para el desmesurado endeudamiento externo, la mayor parte del cual continúa siendo ilegítimo, a pesar de haber sido legalizado. En 1976, cuando fue derrocado, el gobierno de María Estela Martínez de Perón había dejado una deuda externa de 4.940 millones de dólares; unas monedas con relación al PBI. Al caer la última dictadura, en diciembre de 1983, siete años más tarde, la deuda ascendía a 44.438 millones de dólares. El endeudamiento había aumentado casi diez veces y ya representaba el 65% del PBI. En el mismo período se fugaron del país 30.000 millones de dólares.
Los veinte años que van desde 1982-tramo final de la dictadura- a fines de 2001, cuando la gran crisis argentina cerró el ciclo, estuvieron marcados por el inefable economista Domingo Cavallo. Primero como presidente del BCRA durante la dictadura, Cavallo estatizó la deuda externa privada. Luego, en el período 1991-1997, como ministro de economía del peronista Carlos Menem, concibió y condujo la política basada en la convertibilidad de la moneda y en la paridad del peso con el dólar. Finalmente, como ministro de Economía del radical Fernando de la Rúa, intentó un “blindaje”de la deuda con las consecuencias conocidas: “corralito” bancario, estado de sitio, sublevación popular, represión y caída del gobierno. La crisis financiera, económica, social y política de diciembre de 2001 marcó el final del ciclo.
Esa continuidad de la política liberal, desde la dictadura a los gobiernos democráticos, permitió multiplicar la deuda externa y la fuga de capitales, dos caras de la misma moneda, cuya consecuencia fue un severo retroceso industrial, que costó cuatro millones de empleos.
Las políticas aplicadas por el ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y por Cavallo, el ministro de Economía de los gobiernos democráticos peronista y radical, mantuvieron un aire familiar: un dólar barato, que permitió duplicar la renta agraria mediante mecanismos financieros, para luego sacar las ganancias fuera del país.
Esto nos permite comprender por qué la ultra derecha atacó duramente el “Fondo del Bicentenario” propuesto por el actual gobierno, así como su cerrada defensa de la “independencia” del BCRA, que expresan inequívocamente su alineación con el poder financiero. Núcleo duro del establishment junto con los beneficiarios de la renta agraria, ese poder ha impedido históricamente el desarrollo en el tiempo de políticas productivas.
Lo hizo Julio A. Roca contra Carlos Pellegrini a principios del siglo pasado; Agustín Justo contra Hipólito Yrigoyen en el ’30; el “Partido Militar”, en sucesivos golpes de Estado, contra Juan Perón (1955); Arturo Frondizi (1962); Arturo Illia (1966) y otra vez contra el peronismo (1976). Lo hizo el establishment contra Raúl Alfonsín (1989), a quien virtualmente echó del gobierno mediante un golpe de mercado, y lo sigue intentando hoy contra Cristina Fernández de Kirchner, con la inestimable ayuda de los grandes medios de comunicación.
El establishment desconfía históricamente de las empresas públicas, de la inversión estatal en rubros críticos de la economía, del desarrollo autocentrado, del pleno empleo como producto de crecimiento y del afianzamiento de “Pymes” y cooperativas, y mira de reojo el aumento de las exportaciones industriales que harían al país menos dependiente de la renta agraria y, por ende, menos expuesto a ser manipulado por la renta financiera.
El ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Hoz, eligió a sus principales funcionarios entre los ejecutivos del Consejo Empresario Argentino, cuyos miembros eran representantes de ACINDAR, ALUAR, ARCOR, ASTRA, BLAQUIER, BULGHERONI, BUNGE Y BORN, CELULOSA, CLARÍN, ESCASANY (Banco de Galicia), FATE, FORTABAT, GAROVAGLIO Y ZORROAQUÍN (Banco Comercial del Norte), GOTELLI, LA NACIÓN, MACRI, PÉREZ COMPANC, PESCARMONA, ROGGIO, SOLDATI, TECHINT, etc.; todos nombres y apellidos del establishment. El gabinete económico de la dictadura expresó la mayor representación del sector más concentrado de la economía de la que se tenga memoria, en detrimento de las “Pymes” y las cooperativas, que primero fueron excluidas y después atacadas en sus bases de sustentación.
Rápidamente se disolvió la Confederación General Económica (CGE), representante corporativo de la pequeña y mediana empresa de capitales nacionales, para allanarle el camino a la concentrada y transnacionalizada Unión Industrial Argentina (UIA).
Los sectores populares fueron castigados con la brusca reducción de los gastos sociales (educación, salud) mientras se incrementaba el presupuesto militar y de seguridad, producto de las previsiones de una inminente guerra con Chile, evitada por la mediación del Vaticano.
Para implementar las nuevas condiciones de dominación se implantó el terror y se redefinió el rol del Estado. Para ello fue necesario sobrevaluar el peso y reducir los aranceles de importación para golpear a las “Pymes”, un anticipo de la convertibilidad de los 90.
También se manipularon las tasas de interés por intermedio del BCRA, dando lugar a la creación de una deuda externa sin precedentes, para lo cual se subsidió masivamente al sector financiero. Además se aplicó la nueva Ley de Entidades Financieras, que encorsetaba la actividad de la banca cooperativa.
En ese período se fugaron del país miles de millones de dólares. La mayor parte de ese dinero ingresaba en forma de créditos que eran tomados por empresas estatales y en menor medida por compañías privadas y particulares. Los dólares que llegaban por esa vía eran retenidos por el Ministerio de Economía y utilizados para sostener la venta irrestricta de dólares por parte del BCRA, que resultó el principal operador de la patria financiera, sin que el establishment se interrogase entonces por el uso de las reservas para pagar la deuda, ya que la duda no se pagaba, sino que se refinanciaba con nueva deuda.
Las divisas eran compradas por grandes empresas y particulares, que con ellas financiaban la fuga de capitales. Para ello utilizaban pesos “fuertes” por el abaratamiento deliberado del dólar (advertir nuevamente la semejanza con la convertibilidad) y luego las sacaban del país.
 Del registro de la deuda del BCRA en 1982 se advierte que desde 1976 fueron girados al exterior 29.000 millones de dólares. Según el Banco Mundial, en el período 1976-1983 se fugaron capitales por 30.000 millones de dólares, aunque otras fuentes nacionales indican que no fueron menos de 35.000 millones.
Cuando llegaban los dólares de esas operaciones de endeudamiento forzado de las empresas públicas, el BCRA los retenía y giraba a las empresas el monto equivalente en pesos. Luego ofrecía libremente esos dólares al mercado, mientras que la empresa estatal se quedaba con los pesos y, claro, con la deuda en moneda dura.
Para las empresas públicas esa política fue ruinosa en todo sentido.
Durante el peronismo menemista, uno de los argumentos favorables a las privatizaciones fue que las empresas estatales mostraban gruesos números en rojo. Nadie aclaró entonces que habían sido inflados por un endeudamiento que ninguna de ellas necesitaba y que ninguna de ellas disfrutó, porque los presuntos dólares ingresados sólo figuraban en el balance. Cada nueva devaluación aumentaba la deuda en pesos de las empresas públicas, aunque la deuda en dólares se mantenía e incluso aumentaba por los intereses impagos, refinanciados con nuevos préstamos.
 La dictadura dejó el paquete atado y bien atado.
La brutal capitalización de unos pocos se convirtió en la deuda de todos.
"Es por eso que el establishment quiere que el BCRA siga siendo “independiente” y que las cosas vuelvan a ser como eran antes". (N.C.).