LA JERARQUÍA DE LOS DERECHOS LABORALES Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
de Gallego Fernández, el Martes, 29 de marzo de 2011 a las 18:16
Los grupos económicos merecen una respuesta adecuada de nuestros legisladores, a lo que denominan “libertad de expresión”; sería una pérdida de tiempo, enumerar las razones que demuestran el abismo existente, entre la expresión de las mayorías populares, y lo que publica Clarín o La Nación.
Lo que está en debate no es la circulación de un diario, sino el rango y jerarquía que tienen los derechos sindicales y laborales en nuestro país, y el rol que juegan los medios de comunicación en los conflictos gremiales.
En sintonía con sus criterios ideológicos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, señala que es “una muestra de intolerancia” el reclamo de los trabajadores, y que dicho reclamo “perjudica la convivencia democrática”, agregando que “la democracia se nutre de la diversidad y pluralidad, más allá del justo o no reclamo salarial”; sosteniendo que “la libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares de nuestra democracia, que tenemos que protegerlos y cuidarlos. Hay que generar conciencia y el rechazo de lo que estos piquetes pueden generar”.
En todas sus alusiones la única referencia al reclamo laboral fue “esto exige responsabilidad de sindicatos y empresarios”.
Estas declaraciones compartidas por todo el arco opositor, y los sectores dominantes, nutridas a la vez con miles de argumentos sobre el estado de derecho, que se corresponde con una democracia liberal, pone en evidencia, como el estado debe ser poderoso con los débiles; y sumiso frente a los poderosos, parafraseando a nuestro querido Néstor, cuando nos indicaba todo lo contrario para el rol del estado.
Pareciera que aún estamos en los noventa, donde le hicieron creer al conjunto del pueblo argentino que la riqueza se produce con inversiones; es menester hacerles recordar a los sectores dominantes, que la única forma de generar riqueza es con el trabajo, afirmación que comparten todas las escuelas de economía. Y que en la historia más reciente del país, tuvo una fenomenal demostración en la “crisis” del 2001/2002, donde precisamente no fueron las inversiones las que permitieron poner de pie al país, sino la autonomía del Estado en las decisiones políticas sobre la economía y esfuerzo de los trabajadores de sobrellevar la devaluación y el deterioro del poder adquisitivo que produjera la devaluación del 2002.
En este orden de cuestiones el derecho sindical y laboral, debe contar con el rango que se merece, este es el pilar básico de la democracia, porque su ejercicio, es el que garantiza el resto de las libertades y derechos de los ciudadanos, el derecho a la vivienda, la salud, la educación, distribución de la riqueza, etc. cuestiones que hacen a los grados de libertad que poseemos los argentinos.
Además de ser de orden público, debe perfeccionar instrumentos punitivos, para las ocasiones en las que el poder económico no se atiene a derecho. En el caso de referencia, como en muchas otras corporaciones (call-center; Mac Donall’s etc), se coarta la libertad sindical y se transgreden los marcos convencionales que regulan la actividad.
Cuando un trabajador incumple con su contrato laboral o la normativa del reclamo sindical, lo despiden de manera justificada, cuando no lo hacen los sectores dominantes, tienen multas irrisorias. Luego de sentencias en firmes, si los sectores dominantes no se atienen a derecho, se debería legislar para que pierdan el derecho de conducir una organización empresarial, interviniendola, y normalizandola desde los intereses de los trabajadores, ya sea administrada por ellos o transferida a quienes tengan responsabilidad, según la voluntad de los trabajadores.
Este tipo de delitos debería calificarse, como de daño al conjunto de los argentinos, y legislar sanciones penales de prisión efectiva, el no cumplimiento de las sentencias judiciales en el fuero laboral, toda vez que los empresarios tuviesen condiciones para cumplirlas y no lo hiciesen.
Los trabajadores no tienen la libertad de publicar en los medios masivos de comunicación, lo que ocurre en sus lugares de trabajo, quienes demandan libertad de prensa, solamente encuentran interesante publicar conflictos, y en muchos casos la prensa les solicita que magnifiquen el conflicto para publicarlos, este es el doloroso camino por el cual se expresan los trabajadores. Si con ello se afecta los derechos de otros ciudadanos, la única forma de resolverlo, es brindando al estado, los instrumentos necesarios para intervenir y corregirlos.
Si en el conflicto estuviesen otros trabajadores solidarizándose, sería lo más natural del mundo, por lo que es bueno que también la CGT, emitiese un comunicado señalando que ese es un rol indelegable de la Central, y una práctica que nació con el origen del Movimiento Obrero.
A Clarin no le faltaban medios para distribuir el diario, la operación de prensa no es sólo para defender los intereses del grupo de un puñado de trabajadores, sino para denostar la protesta gremial y la figura del Secretario General de la CGT, lo lamentable es que en nuestras filas haya quienes comparten la política de los sectores dominantes.
Lo que está en debate no es la circulación de un diario, sino el rango y jerarquía que tienen los derechos sindicales y laborales en nuestro país, y el rol que juegan los medios de comunicación en los conflictos gremiales.
En sintonía con sus criterios ideológicos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, señala que es “una muestra de intolerancia” el reclamo de los trabajadores, y que dicho reclamo “perjudica la convivencia democrática”, agregando que “la democracia se nutre de la diversidad y pluralidad, más allá del justo o no reclamo salarial”; sosteniendo que “la libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares de nuestra democracia, que tenemos que protegerlos y cuidarlos. Hay que generar conciencia y el rechazo de lo que estos piquetes pueden generar”.
En todas sus alusiones la única referencia al reclamo laboral fue “esto exige responsabilidad de sindicatos y empresarios”.
Estas declaraciones compartidas por todo el arco opositor, y los sectores dominantes, nutridas a la vez con miles de argumentos sobre el estado de derecho, que se corresponde con una democracia liberal, pone en evidencia, como el estado debe ser poderoso con los débiles; y sumiso frente a los poderosos, parafraseando a nuestro querido Néstor, cuando nos indicaba todo lo contrario para el rol del estado.
Pareciera que aún estamos en los noventa, donde le hicieron creer al conjunto del pueblo argentino que la riqueza se produce con inversiones; es menester hacerles recordar a los sectores dominantes, que la única forma de generar riqueza es con el trabajo, afirmación que comparten todas las escuelas de economía. Y que en la historia más reciente del país, tuvo una fenomenal demostración en la “crisis” del 2001/2002, donde precisamente no fueron las inversiones las que permitieron poner de pie al país, sino la autonomía del Estado en las decisiones políticas sobre la economía y esfuerzo de los trabajadores de sobrellevar la devaluación y el deterioro del poder adquisitivo que produjera la devaluación del 2002.
En este orden de cuestiones el derecho sindical y laboral, debe contar con el rango que se merece, este es el pilar básico de la democracia, porque su ejercicio, es el que garantiza el resto de las libertades y derechos de los ciudadanos, el derecho a la vivienda, la salud, la educación, distribución de la riqueza, etc. cuestiones que hacen a los grados de libertad que poseemos los argentinos.
Además de ser de orden público, debe perfeccionar instrumentos punitivos, para las ocasiones en las que el poder económico no se atiene a derecho. En el caso de referencia, como en muchas otras corporaciones (call-center; Mac Donall’s etc), se coarta la libertad sindical y se transgreden los marcos convencionales que regulan la actividad.
Cuando un trabajador incumple con su contrato laboral o la normativa del reclamo sindical, lo despiden de manera justificada, cuando no lo hacen los sectores dominantes, tienen multas irrisorias. Luego de sentencias en firmes, si los sectores dominantes no se atienen a derecho, se debería legislar para que pierdan el derecho de conducir una organización empresarial, interviniendola, y normalizandola desde los intereses de los trabajadores, ya sea administrada por ellos o transferida a quienes tengan responsabilidad, según la voluntad de los trabajadores.
Este tipo de delitos debería calificarse, como de daño al conjunto de los argentinos, y legislar sanciones penales de prisión efectiva, el no cumplimiento de las sentencias judiciales en el fuero laboral, toda vez que los empresarios tuviesen condiciones para cumplirlas y no lo hiciesen.
Los trabajadores no tienen la libertad de publicar en los medios masivos de comunicación, lo que ocurre en sus lugares de trabajo, quienes demandan libertad de prensa, solamente encuentran interesante publicar conflictos, y en muchos casos la prensa les solicita que magnifiquen el conflicto para publicarlos, este es el doloroso camino por el cual se expresan los trabajadores. Si con ello se afecta los derechos de otros ciudadanos, la única forma de resolverlo, es brindando al estado, los instrumentos necesarios para intervenir y corregirlos.
Si en el conflicto estuviesen otros trabajadores solidarizándose, sería lo más natural del mundo, por lo que es bueno que también la CGT, emitiese un comunicado señalando que ese es un rol indelegable de la Central, y una práctica que nació con el origen del Movimiento Obrero.
A Clarin no le faltaban medios para distribuir el diario, la operación de prensa no es sólo para defender los intereses del grupo de un puñado de trabajadores, sino para denostar la protesta gremial y la figura del Secretario General de la CGT, lo lamentable es que en nuestras filas haya quienes comparten la política de los sectores dominantes.
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